El sistema educativo mexicano ha tenido avances en indicadores tales como el acceso a la educación pública, la disminución del analfabetismo, años de escolaridad, tasas de deserción. En un siglo, se pasó de tener al 80% de la población analfabeta a tener al 90% alfabetizada y a universalizar la educación primaria.  Sin embargo, este mismo sistema al responder a las necesidades de la mayoría, bajo un enfoque de justicia utilitario, ha generado una terrible desigualdad en las comunidades originarias de México. Los datos muestran que los centros de educación indígena son los que tienen las condiciones menos favorables, tienen una baja calidad y sus estudiantes aprenden poco.

A partir de una idea de justicia social que demanda que las personas posean derechos a la educación y a la participación política con el objetivo de elegir libremente el tipo de vida que considera más valiosa, este artículo propone una metodología para construir mecanismos de evaluación de la calidad que aspiran ser pertinentes a las características de las comunidades originarias de México. El proceso descansa en considerar que el término “calidad educativa” requiere de negociación y razonamiento público para ser útil en el proceso de mejora escolar.

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