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.Editorial
 
       
       
   
Una Evaluación Justa para una Sociedad Justa
 
       
    F. Javier Murillo y Reyes Hernández Castilla  
       
   

La escuela, el sistema educativo en su conjunto, no sólo reproduce y mantiene las desigualdades de la sociedad, es la principal estrategia para el mantenimiento de las mismas. La educación formal es el instrumento que utilizan los "dominadores" para perpetuar las diferencias, para darles un valor legal. Así, la evaluación educativa, con su capacidad para distinguir entre competentes e incompetentes, los que saben y los que no saben, convierte a niños y niñas, a jóvenes y a adultos en exitosos o en fracasados; con su poder de otorgar títulos, legaliza y justifica las desigualdades y quizá, con ello, las exclusiones y la discriminación.

Pero, al igual que creemos que es posible otra educación, también otra evaluación es posible, una evaluación para la Justicia Social.

La evaluación educativa para la Justicia Social es, de entrada, aquella que tiene el potencial para reducir los efectos de esta variedad de desventajas que los alumnos pueden experimentar debido a su situación económica, etnia, capacidad, sexo, lengua materna o identidad sexual. Pero quizá no sólo eso: ha de ser una evaluación que contribuya a una mejor educación, una educación que trabaje por una sociedad justa. Esta perspectiva parte de la idea de que la evaluación educativa puede convertirse en un elemento crítico que contribuya a profundizar y perpetuar las desigualdades de los estudiantes más desfavorecidos. Una evaluación injusta acrecienta la injusticia social; los alumnos con desventajas son especialmente vulnerables a procesos de evaluación injustos.

Pero también la evaluación educativa para la justicia social puede entenderse como instrumento para valorar el progreso de la Justicia Social, entendida como tal y no tan sólo como un fin en sí misma. La evaluación permite la definición de lo que se pretende y el establecimiento de metas a corto y medio plazo. Una evaluación educativa para la Justicia Social ayuda a conocer cómo se plantean los cambios, reflexionar sobre las acciones, medir y rendir cuentas sobre las estrategias, recoger información sobre los procesos y la planificación, así como reconocer las personas relevantes implicadas en ellos. Asimismo, contribuye al establecimiento y definición de indicadores de proceso y de producto vinculados con la promoción de la Justicia Social. Pero, además, la implementación de su evaluación desencadena estrategias de cambio y la construcción de procesos críticos, necesarios para la mejora y la promoción de la equidad.

Las injusticias no surgen necesariamente de los atributos de las personas sino de las acciones, asunciones, creencias y prejuicios de otros. En ese sentido, algunas personas son injustamente tratadas por razón de su género, estilo de vida, etnia, cultura, religión, capacidad o discapacidad intelectual. ¿La evaluación educativa respeta y contempla esta diversidad o perpetua y acrecienta este proceso de segregación? En este sentido, la Evaluación Educativa para la Justicia Social representa una reflexión y una práctica fundamental para avanzar hacia una educación más justa y equitativa.

Con esa perspectiva de fondo, en este número monográfico de la Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa se reúnen ocho artículos que abordan la evaluación educativa para la justicia social desde diferentes puntos de vista.

Los investigadores F. Javier Murillo, Marcela Román y Reyes Hernández Castilla elaboran el artículo marco en el que definen qué es Justicia Social y la Educación para la Justicia Social como punto base para analizar cómo debe ser una evaluación que trabaje para su consecución. Para ello distinguen, como se hace en esta presentación, la evaluación educativa que contribuye a lograr una educación más justa, y la evaluación de la educación en su enfoque de justicia social.

Por su parte, Connie E. North, profesora de la Universidad de Maryland, analiza los exámenes estandarizados que fomentan la exclusión e indaga en posibles alternativas a ellos. De esta forma, concluye que la evaluación educativa para la justicia social debe atender no sólo al logro académico de los alumnos, sino también al desarrollo social y personal que puedan mitigar el dolor humano y la degradación del medio ambiente. Según ella, este tipo de evaluaciones podría originarse desde dos perspectivas. Una externa, en la que se observan y perciben nuestras acciones en el mundo y otra interna, que recupere el crecimiento íntimo de nuestras vidas.

Desde la Universidad de Valencia (España), Jesús Jornet, María Jesús Perales y Purificación Sánchez Delgado abordan lo que llaman el Valor Social de la Educación y su evaluación. Para ellos, el Valor Social de la Educación puede ser entendido como la utilidad que tiene la educación para el bienestar personal y social; distinguen el Valor Social de la Educación Objetivo, la utilidad objetiva medida a través de indicadores estadísticos referidos a diversos factores que involucran la educación, y el Valor Social de la Educación Subjetivo, como la percepción que tienen las personas acerca de la utilidad de la educación tanto para el desarrollo personal como para el social. Desde este enfoque doble, aportan una referencia acerca de posibles indicadores e instrumentos para su evaluación.

Una educación para la Justicia Social, como punto de partida, debe ser una educación inclusiva. Desde esos planteamientos, Mª Antonia Casanova aborda la Evaluación para la Inclusión Educativa. En su artículo propone un modelo de evaluación que favorezca la educación inclusiva como única válida para las sociedades democráticas. La idea de fondo es la necesidad de introducir variadas técnicas e instrumentos para evaluar los avances del alumnado, especialmente en la educación obligatoria, de modo que la evaluación, como elemento curricular decisivo, contribuya de modo eficaz a la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje y, en consecuencia, a la calidad de la educación para todos.

F. Javier Amores y Máximo Ritacco se centran en identificar buenas prácticas que, dentro de los programas y medidas encaminados a reducir o erradicar el fracaso escolar, están relacionadas con el proceso evaluativo y tienen en cuenta las dinámicas organizativas, las relaciones personales y las adaptaciones curriculares y pedagógicas, todo ello vinculado a la situación del alumnado en su contexto. Para ello estudian en profundidad la experiencia de tres institutos públicos de enseñanza secundaria, situados en zonas marginales de la provincia de Granada (España).

Desde los Estados Unidos, Patrick J. Wolf y Jessica Boccardo evalúan un caso concreto desde la perspectiva de la Justicia Social, el de los Vouchers Escolares del Programa de Becas de Oportunidad del Distrito de Columbia (OSP). Más allá de sus resultados, es interesante la aplicación de las ideas de John Rawls como marco para la evaluación para la Justicia Social.

Con el sugerente título: “Dime cómo evalúas y te diré qué enseñas”. Un análisis teórico sobre las relaciones entre la evaluación del aprendizaje y la enseñanza-aprendizaje de la justicia social, los profesores de la mexicana Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, Leonel Pérez Expósito y Daniel Alejandro González Aguilar, abordan la evaluación como una de las prácticas escolares que por su recurrencia y centralidad en la cultura escolar representa una oportunidad especial para enseñar y aprender, resistir o apropiar algunos significados asociados a la justicia social. Según estos autores, existen procesos de evaluación del aprendizaje en los que subyacen concepciones dispares sobre la justicia. En una lógica de evaluación centrada en la diferenciación y fabricación de jerarquías, por un lado, se identifican principios propios de una concepción que llamamos liberal: igualdad formal de oportunidades, imparcialidad, y el mérito como criterio diferenciador y distributivo. Por otro lado, la lógica de la regulación de los aprendizajes alude a una noción de justicia social con principios opuestos a la concepción previa: reconocimiento explícito de las diferencias (individuales y grupales), reconocimiento de las diversas desigualdades sociales como producto de distintos procesos opresivos de carácter histórico-estructural, y el diálogo entre visiones parciales para la construcción del juicio. Con ello, sugieren que según la lógica a la que tienda nuestra evaluación, según serán los significados que enseñamos sobre la justicia social.

Esta sección temática se cierre con un artículo que enfrenta los retos de la evaluación educativa para la Justicia Social: construir procesos de Evaluación sensibles a los sistemas de educación indígena. El profesor José Francisco Martínez Preciado propone una metodología para construir mecanismos de evaluación de la calidad que aspiran ser pertinentes a las características de las comunidades originarias de México. El proceso descansa en considerar que el término “calidad educativa” requiere de negociación y razonamiento público para ser útil en el proceso de mejora escolar.

En la temática libre se presenta el artículo "Eficacia del Programa Educativo de Técnico Superior Universitario en Administración. Un Autodiagnóstico a través del Modelo CIPP", de Javier Damián Simón y Eusebio Montes Pauda. Se cierra esta sección con la Memoria de lo que ha sido la Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa durante estos tres primeros años de existencia.

 

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