Una educación pública equitativa y de calidad es, por definición, una educación inclusiva, en tanto tiene el imperativo ético de garantizar el acceso, la plena participación y el aprendizaje de todos y cada uno de los estudiantes, independientemente de sus diferencias personales, su procedencia social y cultural.
La inclusión es un proceso orientado a proporcionar una respuesta apropiada a la diversidad de características y necesidades educativas del alumnado, a incrementar sus niveles de logro y participación en las experiencias de aprendizaje, en la cultura y comunidades escolares, reduciendo toda forma de discriminación, a fin de conseguir resultados académicos equiparables. Desde esa perspectiva, la inclusión representa un impulso fundamental para avanzar hacia una educación de mejor calidad para todos, por lo que ha de concebirse como una política pública de carácter transversal que pone en el centro la atención a la diversidad, constituyéndose en el eje articulador de los distintos programas y acciones dirigidas a los grupos vulnerables, que son los que están en mayor riesgo de exclusión y de fracaso escolar.
En tal sentido, no sería demasiado arriesgado afirmar que la atención a la diversidad es una de las piezas clave para lograr una educación de calidad; básicamente porque la mejor forma de lograr que todos los estudiantes aprendan es ajustando las ayudas pedagógicas a sus particulares necesidades, proporcionando más ayuda a quienes más la necesitan.
Efectivamente, la investigación ha demostrado que el elemento que mejor caracteriza a los y las docentes que consiguen que sus alumnos obtengan mejores logros de aprendizaje (medido incluso a través de evaluaciones nacionales o internacionales) son aquellos que dedican un mayor tiempo a prestar una atención individualizada a sus estudiantes; ajustan la enseñanza acorde a sus aprendizajes previos, ritmos e intereses; plantean actividades desafiantes y variadas que propician la participación e interacción entre los alumnos; y utilizan una amplia gama de métodos de evaluación para conocer el avance de sus estudiantes.
Pero, la atención a la diversidad no es una tarea exclusiva de los docentes. Es necesario que el sistema educativo en su conjunto, ofrezca las condiciones que posibiliten una respuesta pertinente a las diferencias, dentro de las cuales resulta primordial contar con:
- Un marco normativo coherente con los principios de inclusión y atención de la diversidad;
- Un currículo común para todos, pero suficientemente flexible para adaptarse a las características y capacidades de los estudiantes y de los diversos contextos sociales y culturales;
- Una oferta educativa diversificada, con diferentes modalidades e itinerarios de aprendizaje equivalentes en calidad y reconocimiento social;
- La consideración de la multiculturalidad y un enfoque de género en los programas de estudio y procesos educativos;
- Una variedad de textos y materiales que sean pertinentes a las diferentes culturas y condiciones de los estudiantes;
- Una buena formación inicial y permanente del profesorado que forme docentes preparados para trabajar en diferentes contextos y con grupos heterogéneos;
- La existencia de sistemas de asesoramiento y apoyo tanto para los docentes como para los estudiantes; y
- Un reconocimiento para los docentes que trabajen en escuelas que representan mayores desafíos.
El predominio del enfoque homogeneizador de la enseñanza es un factor que limita gravemente tanto el acceso como la permanencia y logros de aprendizaje de un alto porcentaje de alumnos. No olvidemos que la diversidad de alumnos, contextos escolares y docentes es la norma; la homogeneidad es la excepción. Pese a ello, en la gestión de las políticas públicas, parece más bien que los procesos educativos se orientan hacia poblaciones y alumnos que tienen un sustrato económico, social, cultural y étnico común. Este planteamiento condiciona fuertemente la capacidad del sistema educativo para responder a las demandas de la diversidad de la población escolar. En contextos de alta heterogeneidad una oferta educativa homogénea se traduce en trayectorias y resultados dispares. Así, la educación ha tendido más bien a profundizar las desigualdades, como consecuencia de que la escuela no tiene en cuenta las diferencias de los estudiantes.
Desarrollar políticas inclusivas y fortalecer la escuela pública promoviendo procesos educativos que den respuesta a la diversidad del alumnado, es una tarea urgente y necesaria para avanzar en la mejora de la educación en la región de América Latina.
Desde la Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva queremos continuar realizando nuestra aportación a la mejora de la educación, poniendo el foco en una temática de gran relevancia e interés en America Latina: la diversidad étnica y cultural. De esta forma, hemos dedicado la sección temática de este número a la Educación Intercultural, y tenemos el honor de contar, como editora invitada, con una de las máximas especialistas en esta temática: la investigadora Sylvia Schmelkes de la Universidad Iberoamericana de México.
Junto con la sección temática, que de su puño y letra Sylvia presenta, contamos con dos excelentes aportaciones. Por un lado, la investigadora chilena Camila Marchant realiza un análisis reflexivo de la experiencia española y su tránsito desde la integración escolar hacia la inclusión; y por otro, las profesoras de la Universidad Autónoma de Madrid, Reyes Hernández, Rosario Cerrillo y Dolores Izuzquiza, presentan los resultados de una investigación cualitativa sobre la integración de jóvenes con discapacidad intelectual al mundo del trabajo, a través de un Programa de Formación Laboral desarrollado en la propia Universidad Autónoma de Madrid.
En definitiva, un conjunto de artículos que, confiamos, seguirán contribuyendo a la profundización y reflexión, ante el desafío de avanzar hacia la escuela que todos queremos: una escuela inclusiva.
