2010 - Vol. 4 Num. 1  
           
  Editorial: Escuelas inclusivas para la justicia social  
           
  F. Javier Murillo y Cynthia Duk  
     
 

Si es cierta la aseveración de que la escuela es una institución inequitativa e injusta que contribuye a perpetuar una sociedad inequitativa e injusta, no lo es menos aquella que afirma que la escuela es uno de los más eficaces medios para luchar contra la desigualdad y la exclusión social. Efectivamente, la escuela no sólo excluye y discrimina a muchos estudiantes por cuestiones de capacidad, edad, raza, clase social, género u orientación sexual, sino que, con su potestad para otorgar títulos, es un instrumento para justificar una sociedad inequitativa basada en la meritocracia. De esta forma, las escuelas, más que reproducir las desigualdades, justifican y refuerzan las mismas. Sin embargo, como defendemos, la escuela también es uno de los más potentes agentes para la justicia social: convertir a la escuela en una institución socialmente justa contribuye a luchar contra las injusticias. La cuestión clave es el cómo.

Como elementos que fundamentan y orientan la actuación, nos resultan especialmente atractivas las ideas de John Rawls (1971, 2002) aplicadas a la educación y a la escuela. En especial sus dos principios básicos: el principio de igualdad de oportunidades y el llamado principio de diferenciación.

Según el principio de igualdad de oportunidades toda persona debe tener las mismas posibilidades de acceder a la educación, de recibir una educación de calidad, de permanecer en el sistema educativo y de alcanzar resultados escolares y títulos. Para que este principio se cumpla es preciso desarrollar un elemento clave. En palabras de Rawls (1979:123):

“con el objeto de tratar igualmente a todas las personas y de proporcionar una auténtica igualdad de oportunidades, la sociedad tendrá que dar mayor atención a quienes tienen menos dones naturales y a quienes han nacido en las posiciones sociales menos favorecidas. La idea es compensar las desventajas contingentes en dirección hacia la igualdad."

El principio de diferenciación, por su parte, plantea que las desigualdades sólo se justifican si  benefician a los más desaventajados, de lo contrario no son permisibles. De esta forma, un sistema educativo -o una escuela o un aula- será más equitativo que otro si las desigualdades existentes benefician a los más desfavorecidos; es decir, si buscan la equiparación de oportunidades mediante la discriminación positiva.

Los fundamentos de la escuela inclusiva suponen la concreción y aplicación de estos principios al centro educativo llevados a su máximo desarrollo. Efectivamente, la escuela inclusiva defiende que la justicia social puede alcanzarse no sólo mediante la distribución de bienes, derechos y responsabilidades -que es la base del planteamiento de Rawls-, sino también a través de la inclusión significativa de las personas en los procesos educativos y en las prácticas institucionales. En tal sentido, el objetivo de la inclusión es garantizar que todos los estudiantes puedan participar activamente en los procesos sociales y culturales de la comunidad escolar, asegurando que todos consigan su máximo desarrollo integral. Estas ideas nos llevan a señalar algunas de las características inherentes a una escuela inclusiva que trabaje por la justicia social.

En primer lugar, una escuela para la justicia social debe ser inclusiva en sentido global. Es decir, por una parte, el principio de inclusión debe impregnar los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como la organización y, fundamentalmente, la cultura escolar. Y, por otro, la inclusión debe impactar al conjunto de la comunidad escolar: estudiantes, docentes, familias y personal administrativo. De poco sirve una política de inclusión enfocada a los estudiantes, si luego los propios docentes son discriminados por no ajustarse a principios mayoritarios. La inclusión ha de ser concebida como una política transversal orientada a la construcción de comunidades educativas que acojan a todos, valoren la diversidad y se preocupen por el bienestar y desarrollo de todos sus integrantes.

Por otro lado, una escuela inclusiva debe ser una escuela democrática. La democracia es la forma de organización escolar que fomenta efectivamente la participación de toda la comunidad, y donde las personas y los grupos que la conforman son reconocidos y respetados en sus derechos. De nada sirve defender principios de igualdad si la organización del centro adquiere formas autoritarias o jerárquicas. En ese sentido, una concepción de liderazgo escolar distribuido es la más adecuada para conseguir una escuela que potencie y desarrolle la justicia social.

Una escuela inclusiva debe ser también eficaz. Parece claro que si una escuela no consigue el desarrollo integral de todos y cada uno de sus alumnos, obteniendo de cada uno el máximo de sus potencialidades, no estamos frente a una escuela para la justicia social. En este sentido, no sólo debemos exigir a la escuela que no seleccione, discrimine o excluya, ni siquiera que sólo posibilite la participación de todos en los procesos y actividades escolares, también hay que exigir que todos los estudiantes aprendan, se desarrollen integralmente como personas y ciudadanos. La complejidad de la inclusión radica en la relación dinámica e interdependiente entre los tres elementos que la definen: la presencia, la participación y el aprendizaje de todos los alumnos.

Por último, una escuela inclusiva para la justicia social no puede sino ser una escuela crítica, auto-reflexiva, que esté constantemente aprendiendo y mejorando en la búsqueda de respuestas de mayor calidad a las diferentes condiciones y necesidades de sus estudiantes. La resignación, el conformismo, la autocomplacencia, la inacción... son incompatibles con los principios de inclusión. Una escuela que no lucha cada día por mejorar, ni es inclusiva ni lo será jamás.

Las escuelas inclusivas requieren de profesionales sensibles a las diferencias y preparados para afrontar el desafío que supone trabajar en contextos complejos, socioculturalmente diversos y con grupos heterogéneos. De allí que esta quinta edición de nuestra revista la hemos dedicado a la temática de Profesionalización Docente, coordinada como editor invitado por Eliseo Guajardo, Secretario de Educación Media Superior del Estado de Guerrero, México. La sección monográfica aporta una variada selección de artículos que en las siguientes páginas el maestro Guajardo presenta a los lectores.

Quizá llegar a ser una escuela realmente inclusiva es una utopía, pero es una utopía necesaria si queremos contribuir a conseguir una sociedad justa, equitativa e inclusiva.

 

 
     
 
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