La exigencia de una educación inclusiva, más equitativa y de calidad para todos, está en el centro del debate educativo en distintos países, y ha comenzado a traspasar el discurso de políticos y expertos del mundo educativo y académico para formar parte de las demandas de los propios estudiantes y sus familias, concitando un creciente apoyo por parte de la ciudadanía. Y es que el movimiento social por una educación de calidad más inclusiva, adquiere todo su sentido y valor en la medida que hace frente a los altos índices de exclusión, discriminación y desigualdades presentes en la mayoría, por no decir en todos nuestros sistemas educativos.
En efecto, América Latina es la región más inequitativa del mundo, con sociedades altamente segmentadas y segregadas (UNESCO, 2007). En este contexto, a pesar de la gran expansión en cobertura, la extensión de la educación obligatoria y las reformas educativas y curriculares que han llevado a cabo numerosos países de la región, no se han logrado reducir en forma significativa las brechas, persistiendo aun:
- Altos niveles de desigualdad en las oportunidades educativas. Se mantienen mecanismos y prácticas de discriminación, segregación y exclusión que limitan el acceso y permanencia de los estudientes en su proceso escolar que afectan la convivencia, la integración y cohesión social.
- Una aplicación uniforme del currículo y prácticas docentes homogeneizadoras que no consideran las diferencias socioeconómicas, culturales, étnicas y personales, en cuanto a capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje en el proceso educativo.
- Bajos resultados de aprendizaje, concentrándose especialmente en los sectores y grupos más desfavorecidos, que son justamente los que reciben una educación de menor calidad.
No cabe duda que generar condiciones para que las escuelas sean inclusivas y de calidad, exige profundas transformaciones en el conjunto del sistema educativo: en las políticas y normativas educativas, en el financiamiento, organización y funcionamiento de los centros escolares, en las actitudes y prácticas de los docentes, así como en los niveles de relación de los distintos actores; es decir, supone un modelo educativo diferente.
Difícil, si no imposible, es lograr un aula inclusiva en una escuela no inclusiva, y se hace compleja la pervivencia de ésta en un contexto educativo que fomente y apoye prácticas de discriminación y marginación. El reto, de esta forma, es abordar la inclusión educativa desde una perspectiva sistémica, su consecusión real exige transformaciones en todos los niveles: sistema educativo, escuela y aula.
Al respecto, Booth y Ainscow (1998) plantean la inclusión como un “proceso de mejora sistemático del sistema y las instituciones educativas para tratar de eliminar las barreras de distintos tipo que limitan la presencia, el aprendizaje y la participación del alumnado en la vida de los centros donde son escolarizados, con particular atención a aquellos más vulnerables”.
Según estos autores, las acciones de la escuela en el marco de su cultura, su gestión y sus prácticas educativas deben estar orientadas a elevar los niveles de presencia, participación y aprendizaje de los estudiantes, en especial de aquellos que por distintas causas o circunstancias se encuentran en mayor riesgo. La presencia se refiere a la escolarización de los alumnos en las escuelas regulares, a los índices de asistencia y de tiempo que participan en las clases junto a sus compañeros. El aprendizaje alude al logro del mejor rendimiento que sea posible en función de las características de los estudiantes; y la participación apunta a que todos tengan oportunidades de participar en condiciones de igualdad en las experiencias de aprendizaje que ofrece la escuela, de ser reconocido, de convivir y pertenecer a la comunidad escolar.
Así, para avanzar en la dirección deseada, es necesario impulsar y sostener procesos de reflexión y cambio orientados a mejorar la capacidad de respuesta de la escuela a la diversidad, tanto a nivel de la organización, de los procesos de enseñanza aprendizaje y de la cultura escolar. Pero tambien, para que los objetivos de mejora tengan impacto, deben orientarse a todos los niveles de la escuela e involucrar a todos sus actores: directivos, docentes, estudiantes, familias y personal da administración (Murillo y Duk, 2010). Y por último, hay evidencias de que es más factible que la mejora se produzca y perdure en el tiempo, si las propuestas de cambio están directamente encaminadas a optimizar los resultados de participación y aprendizaje (Ainscow, Hopkins, Soutworth y West, 2001).
Por lo tanto, es recomendable que los cambios y las mejoras que se propongan abarquen e impacten las tres dimensiones de la escuela inclusiva: la cultura escolar, la gestión y las prácticas educativas. Estas dimensiones, constituyen el núcleo del quehacer de la escuela. En consecuencia, son las que orientan la reflexión y el análisis para las decisiones que debieran plantearse las instituciones escolares, si desean avanzar hacia una mayor inclusión.
En el presente número de nuestra revista, los lectores tendrán acceso a una notable selección de diez artículos que hacen referencia a estudios, experiencias y propuestas relacionadas con estas distintas dimensiones de la inclusión, con foco en las Prácticas Inclusivas. Tema que aborda la sección monográfica de esta edición y que con gran talento han organizado y describen en su Presentación, las profesoras Odet Moliner, María Auxiliadora Sales y Lidón Moliner de la Universidad Jaime I de Castellón, en calidad de editoras invitadas de este número.
